Doble nacionalidad y los nombres que no aparecen en la reforma

En México, los pasaportes servían para viajar. Desde esta semana también sirven para calcular candidaturas.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que exige nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Obtuvo 344 votos en lo general y 334 en lo particular. Ahora deberá pasar por el Senado y, si mantiene el equipaje completo, por los congresos locales.

El argumento de Morena y sus aliados es la soberanía: quien encabece un Poder Ejecutivo debe mantener un vínculo jurídico exclusivo con México. La oposición responde que poseer otra nacionalidad no significa tener dos lealtades y advierte que la medida podría limitar el acceso de algunos mexicanos a esos cargos.

El debate tiene razones en ambos lados. También tiene efectos.

La propuesta no establece una prohibición absoluta. Quien tenga otra nacionalidad podrá competir si renuncia a ella antes de solicitar su registro y acredita que el procedimiento fue efectivo ante el otro país. No es una puerta cerrada, pero sí una nueva aduana electoral.

El caso que detonó la discusión fue el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien ha expresado interés en la elección presidencial de 2030. Sin embargo, una reforma constitucional difícilmente termina alcanzando a una sola persona.

La disposición comenzaría a aplicarse en los procesos electorales de 2028. Alcanzaría gubernaturas, modificaría la selección de candidaturas y llegaría a tiempo para la sucesión presidencial de 2030. Ahí comienza la segunda lectura: no necesariamente la de sus intenciones, sino la de sus consecuencias.

Uno de los nombres que ha entrado en la conversación es Marcelo Ebrard, por su ascendencia francesa. Eso no demuestra que actualmente posea otra nacionalidad. Si no la tiene, la reforma no le afecta; si la tiene, podría renunciar a ella. Por ahora existe una pregunta, no una conclusión.

Alrededor de Ebrard hay colaboradores, legisladores y figuras locales que buscan candidaturas en distintos lugares. Su cercanía no les produce ningún impedimento jurídico, pero sí podría colocarlos ante una definición política: fijar una postura, esperar o mantener sus proyectos al margen de la discusión presidencial. En política, el árbol genealógico puede importar menos que el árbol de los respaldos.

Las posibles secuelas apenas comienzan: definir qué será una renuncia efectiva, revisar los expedientes de futuros candidatos, resolver eventuales controversias electorales y observar los reacomodos dentro de los partidos.

El dictamen puede avanzar, modificarse o detenerse en el Senado. Lo que difícilmente se detendrá será la revisión de pasaportes, ascendencias y lealtades políticas.

La Constitución no escribe nombres.

La política suele anotarlos al margen.